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Como todo el mundo sabe a estas alturas, se ha vuelto obligatorio para quienes conducen niños hasta los 4 años equiparse con asientos antiabandono o dispositivos similares. El gobierno otorga un bono a las familias que tienen que comprarlos pero el aporte es muy pequeño y no todos podrán obtenerlo (solo los más rápidos).

Se ha hecho una contribución para las familias que deben equiparse con dispositivos anti-abandono para automóviles. Se han destinado 15,1 millones de euros para 2021 y un millón para 2020.

Puede parecer mucho pero, teniendo en cuenta cuántas familias se ven afectadas por la nueva obligación, en realidad es muy poco y la aportación se realiza en tan solo 30 euros que ni siquiera estarán garantizados para todos (la bonificación se otorga solo hasta que se agoten los recursos). Los Codacons lo llamaron "una limosna", considerando que el dispositivo costará entre 50 y 100 euros y mucho más si optas por comprar una butaca con dispositivo integrado (AQUÍ todas las características que deben tener).

Solo unos pocos afortunados, según los cálculos de la asociación de consumidores, podrán obtener el bono. Esto es aproximadamente medio millón de familias de los casi dos millones que tendrán que comprar el nuevo dispositivo. Todos los demás se verán obligados a aportar todo de su bolsillo y, lamentablemente, las familias no siempre pueden permitirse una compra como esta que, según Codacons, debería ser gratuita (dado que es un dispositivo que salva vidas).

Lo más absurdo, entonces, es que probablemente para conseguir el bono no serán los que más lo necesiten , es decir, las familias de bajos ingresos o las que tengan más hijos, ¡ sino que serán más rápidos en solicitarlo!

Los métodos para la obtención del incentivo se darán a conocer en los próximos días, según se aclarará cuando el decreto aparezca finalmente en el Diario Oficial, si la obligación comenzará inmediatamente en 2021 o se postergará a principios de 2020 (es más para la primera hipótesis).

Si el bono se confirmara solo para los más rápidos en solicitarlo, entonces no sería sorprendente que algunas familias tarden en adaptarse al nuevo estándar. Sin embargo, estos corren el riesgo de multas elevadas que oscilan entre los 81 y los 326 euros y, en caso de recaída en el plazo de dos años, existe incluso una suspensión de la licencia de 15 a 60 días.

Francesca Biagioli

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